Desde 1967, La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha dedicado al reconocimiento y la protección de la propiedad intelectual y, entre otros aspectos, del derecho de autor. Esta organización de carácter casi universal, pues cuenta con 185 estados miembros, con sede en Ginebra, forma parte de la familia de organismos del sistema de Naciones Unidas.
La OMPI se ocupa de llevar a cabo esta misión de reconocimiento y protección de la propiedad intelectual, que es de capital importancia para preservar el dinamismo económico y la vitalidad creativa de nuestras sociedades, por medio de diversos cauces.
Estos cauces cubren un amplio espectro que va de la prestación de servicios (administración de sistemas de patentes, marcas, denominaciones de origen…) al establecimiento de infraestructuras relacionadas con su mandato (redes de colaboración, plataformas técnicas). Pero sin duda, el cauce principal es su labor normativa.
En este terreno, la OMPI, como por cierto todas las organizaciones del sistema “onusiano”, tiene la ventaja de ofrecer un foro amplio y representativo de negociación de normativa aplicable a todos sus estados miembros, cualquiera que sea su fase de desarrollo. Esta labor es fundamental en la lucha contra una de los mayores desafíos a los que la economía y la producción artística de nuestras sociedades contemporáneas han de enfrentarse: la piratería.
En tiempos recientes, y a medida que el desafío ha ido incrementándose, la labor normativa de la OMPI lo ha hecho también, si bien con desfase, hasta cierto punto normal si se considera que, como he apuntado antes, se negocia en su seno entre 185 países, todos los cuales tienen voz y voto. El Tratado que se concluyó el pasado año en Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales es un importante logro. En el camino están dos posibles futuros instrumentos jurídicos más: el dirigido a las personas con discapacidad visual/personas con dificultades para acceder al texto impreso (cuya fase final se negociará en Marrakesh en junio de este año) y el de protección de los organismos de radiodifusión, que idealmente debería concluirse en 2014.
Además de la labor normativa, la OMPI se consagra a la lucha contra la piratería por dos vías: la asistencia técnica y el diálogo político e institucional. La primera vía constituye quizá el instrumento más eficaz con el que cuenta la organización y se concreta en tareas de formación (de jueces, policía, personal de aduanas, de oficinas de patentes y marcas…) y en campañas de concienciación – que básicamente buscan convencer a los usuarios de los perjuicios que la piratería causa- y que abarcan desde el diseño de campañas nacionales a la introducción de los temas de propiedad intelectual en el curriculum académico desde la enseñanza primaria. En cuanto al diálogo político- institucional, entre otras labores, la OMPI se coordina con organismos como Interpol o la Organización Mundial de Aduanas para intercambiar experiencias e información.
La OMPI es un buen ejemplo práctico de la relevancia del multilateralismo en el mundo actual, mediante la búsqueda de soluciones a los retos a los que nuestras sociedades se enfrentan, derivados, en este caso, del avance, por lo demás imparable y deseable, de las nuevas tecnologías.
Font: http://blogs.cincodias.com